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Patxo Unzueta

Bilbao – 23 Diciembre 1981 

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El diputado del Parlamento vasco Juan Infante, único representante del Partido Comunista de Euskadi en la Cámara vasca, fue requerido ayer por dos inspectores de policía para que se presentase en comisaría por pesar contra él una orden de búsqueda y captura dictada en 1971. 

La reiteración en el País Vasco de casos similares -detención de personas reclamadas en virtud de causas amnistiadas hace años- ha suscitado en los últimos meses sendas interpelaciones parlamentarias presentadas por el PSOE y el PNV.

El intento de detención de Infante se produjo a las siete de la mañana de ayer en la habitación del hotel vitoriano en que se hospeda el diputado desde el inicio, el pasado miércoles, del pleno del Parlamento vasco. 

A esa hora, Infante percibió que alguien intentaba abrir la puerta de su habitación accionando una llave desde el exterior. Poco después, ante la imposibilidad de abrir la puerta, las personas que pretendían entrar comenzaron a golpear la entrada, al tiempo que conminaban a gritos a Infante a abrirla.Una vez dentro, los inspectores de policía, a los que acompañaba un policía nacional, ordenaron escuetamente al diputado que se vistiera para acompañarles a comisaría. Infante consiguió, sin embargo, que los inspectores le explicasen que se trataba de una detención por estar reclamado por el Juzgado Militar número 4 de Bilbao, en virtud de una orden de marzo de 1971.

Juan Infante estuvo exiliado durante algún tiempo en Francia, a raíz de la apertura del sumario 54-71 por el mencionado juzgado. Sin embargo, la autoridad militar se inhibió en 1972 en favor del Tribunal de Orden Público ante el que el ahora diputado compareció en dicho año, cumpliendo la pena de prisión a que fue condenado.

Los inspectores realizaron una llamada, a consecuencia de la cual comunicaron al diputado qué debía presentarse dos horas después en comisaría. Una vez allí, le fue confirmado que tanto en Vitoria como en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao existía efectivamente esa orden de búsqueda y captura por no haber recibido de la autoridad judicial militar orden de anularla. 

Infante, que es abogado, hizo constar su extrañeza por la situación creada, ya que, incluso si no existía en los archivos de la policía constancia de la celebración del juicio ante el antiguo TOP, la aplicación del decreto de amnistía de 1977 debía haber obligado a destruir las fechas policiales y a anular las posibles órdene de búsqueda y captura existentes Infante fue puesto en libertad tras ser apercibido de la conveniencia de «regularizar su situación para evitar la repetición de situaciones como la ocurrida».

En los últimos meses, numerosos ciudadanos vascos que en su día fueron procesados por actividades políticas contrarias al régimen de Franco, y que se beneficiaron posteriormente de la ley de Amnistía, han sido detenidos o retenidos en similares circunstancias.

La repetición de estas situaciones deterniinó que el diputado socialista Enrique Casas presentase en agosto una interpelación al Gobiemo interesándose por la aplicación del artículo de la ley de Amnistía que ordenaba la destrucción de las fichas y antecedentes policiales existentes como consecuencia de las actividades políticas realizadas durante el régimen franquista. 

El Ministerio de la Presidencia respondió recientemente con un escrito en el que, entre otras cosas, se afirma que «la ley de Amnistía y la orden del 19-12-77 sobre inutilización administrativa y expurgo de los archivos dependientes de la Dirección de Seguridad del Estado y de la Guardia Civil ponen de manifiesto la voluntad del Gobierno de que no se tomen en consideración todas aquellas cuestiones y connotaciones derivadas de la pasada guerra civil, habiendo procedido, por tanto, a la eliminación de las mismas en los expedientes personales de las personas afectadas».

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